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Trump se
reserva la autoridad para imponer los aranceles si México no cumple
con el acuerdo
Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro
En
el reciente acuerdo sobre migración suscrito entre los dos vecinos
distantes, México no ganó nada, pero tampoco los Estados Unidos.
Nosotros perdimos soberanía, los migrantes perdieron derechos, el
pueblo estadunidense refrendó la pérdida de su título de campeón de
los derechos civiles y la humanidad ve perder gradualmente el
derecho de asilo a los refugiados. Hubo un solo ganador: Donald
Trump.
Y no conforme con su triunfo con aroma a reelección, Trump amenaza
con revelar más detalles del acuerdo con México “cuando sea oportuno”,
dijo. La soga en el cuello.
Por si fuera poco, México tiene que pagar la barrera
policíaca-militar en nuestras fronteras y en el resto del territorio
nacional para contener a los centroamericanos y complacer al rubio
magnate, distrayendo a los elementos de la Guardia Nacional de
tareas urgentes de prevención de delitos graves, que van en aumento
en el país, teniendo además que pagar las deportaciones masivas, la
atención humanitaria y la satisfacción de los derechos sociales de
los solicitantes de asilo en los Estados Unidos que esperan en
nuestras ciudades fronterizas por su resolución (Remain
in México),
que puede tardar meses o años.
Y como ofrenda, el gobierno federal detiene a dos defensores de
migrantes e interviene cuentas bancarias de otros activistas, como
si fueran traficantes de personas.
Con este desventajoso acuerdo, México se convierte de facto en
“Tercer País Seguro” (como deseaba Trump), en cancerbero de los
Estados Unidos, en el contenedor y expulsor de una migración
internacional cuyo objetivo son los Estados Unidos, no nuestro país,
cuyo origen son las condiciones estructurales del precario
desarrollo económico y social y de la corrupción de los gobernantes
de esos países expulsores, condiciones impuestas por los propios
Estados Unidos.
Las consecuencias de esta cesión más la creciente concentración de
migrantes, pueden ser desastrosas en las fronteras nacionales y el
interior del país por la saturación de los albergues y de las
estaciones migratorias del INM, convertidas prácticamente en centros
de detención. Además, el clima de xenofobia no está siendo
contrarrestado por la parte oficial para sensibilizar a la población
mexicana y frenar la discriminación contra los centroamericanos.
El estatus de los migrantes
solicitantes de asilo
Aunque para los Estados Unidos la migración indocumentada ha sido
tradicionalmente un asunto de Seguridad Nacional, injustamente
comparada con el terrorismo y el tráfico de drogas, para los
estándares internacionales no es un asunto de seguridad, sino de
naturaleza social y humanitaria, y debe tratarse como tal, más aún
porque este éxodo es un desplazamiento forzado derivado de las
condiciones de inseguridad y de pobreza en Honduras, El Salvador,
Guatemala y países del Caribe, principalmente. No es una migración
económica típica, como estábamos acostumbrados a recibir en la
frontera norte.
Así pues, no son “migrantes” en el amplio sentido de la palabra,
sino desplazados de su lugar de origen que asumen su calidad de
refugiados en tanto arriben al país al que solicitan el asilo
político, en este caso, los Estados Unidos; por tanto, son sujetos
de protección internacional. En su condición de refugiados, se
acogen a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que
impone la obligación de respetar el principio de “no devolución” a
su país de origen si está en riesgo su integridad. Y es precisamente
este factor, motivado por la violencia y la pobreza, lo que los
obliga a huir de sus comunidades en busca de refugio en otro país.
Ahora, con el acuerdo suscrito entre México y los Estados Unidos
sobre migración (llamada hoy “migración irregular”) y ante la
amenaza latente de imposiciones arancelarias, está por demás visto
que la economía y el mercado están por encima de los derechos y de
la dignidad de las personas en condición de movilidad.
¿Y si México no hubiera cedido en
soberanía y en protección a los migrantes?
Al ganar las elecciones el año pasado, López Obrador marcó un giro
en la política migratoria al destacar la protección a los derechos
de las personas migrantes y una política de Estado con visión social
y humanitaria, no criminalizante ni de contención de la migración
indocumentada. Ya en el poder, en diciembre de 2018, México se
adhirió al Pacto Mundial sobre Migración, como la mayoría de los
países del mundo, en el que se destacan las ventajas económicas,
sociales y culturales de las migraciones y la defensa irrestricta de
los derechos de los migrantes.
De no haber cedido en principios el gobierno mexicano y haberse
impuesto el arancel del 5 por ciento a las exportaciones al vecino
del norte, muy probablemente Trump se hubiera dado un balazo en el
pie por la oposición creciente a esa medida al interior de su país:
legisladores y dirigentes de su partido, el Republicano; la
oposición demócrata, el sector financiero, la poderosa industria
automotriz que ya cabildeaba contra los aranceles y las grandes
cadenas de autoservicio. Además, esto generó gran preocupación en
otros sectores productivos estadunidenses por las medidas “espejo”
que en reciprocidad México aplicaría a las importaciones de ese país.
Estos sectores prevenían sobre una peligrosa recesión en los Estados
Unidos que, incluso, pondría en riesgo la reelección de Trump.
Ahora Trump ya tiene su muro y como prometió, lo pagamos nosotros.
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